Agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) arrestaron a Dimitri Vorbe, uno de los empresarios más influyentes de Haití, quien permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios Krome North en Miami. Registros oficiales confirmaron su detención este martes, aunque aún no está claro qué cargos —si los hay— enfrenta.
El arresto se produce apenas dos meses después de que ICE detuviera a otro haitiano de alto perfil, Réginald Boulos, empresario y excandidato presidencial acusado de apoyar a pandillas violentas que Washington ha catalogado como grupos terroristas.
Un poderoso empresario
La familia Vorbe es propietaria de Société Générale d’Énergie S.A., una de las principales proveedoras privadas de electricidad de Haití, y obtuvo lucrativos contratos de construcción durante el gobierno del expresidente René Préval. En 2020, la administración del asesinado presidente Jovenel Moïse confiscó la compañía tras acusaciones de corrupción.
Expertos señalan que Vorbe y Boulos representan a una élite intocable durante décadas:
“Se envía un mensaje a la élite política y económica de Haití de que ya no son inmunes”, afirmó Michael Deibert, autor de Haití no perecerá.
Ampliación de la ofensiva de EE. UU.
La detención de Vorbe coincidió con sanciones de EE. UU. contra dos exlegisladores haitianos cercanos a su familia, Arnel Belizaire y Antonio Cheramy, ahora inhabilitados para ingresar al país por “corrupción significativa”.
“El gobierno de EE. UU. seguirá implacable en perseguir a quienes apoyan a las pandillas terroristas”, declaró el subsecretario de Estado Christopher Landau, destacando las detenciones, sanciones y restricciones migratorias como medidas de presión.
Vínculos políticos
Además de sus negocios, la familia Vorbe ejerce influencia política. Joel “Pacha” Vorbe es dirigente del partido Fanmi Lavalas, fundado por el expresidente Jean-Bertrand Aristide. Por su parte, un abogado de la empresa energética de la familia se desempeñó brevemente como ministro de Justicia antes de renunciar tras ser sancionado por Canadá.
Con las pandillas controlando cerca del 90 % de Puerto Príncipe, críticos sostienen que familias de la élite haitiana han financiado o colaborado con estas redes, alimentando la violencia y la inestabilidad.